Punta Querandí

Territorio comunitario, sagrado y educativo de los pueblos originarios, en la desembocadura del Arroyo Garín en el Canal Villanueva, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires. Humedales continentales del río Luján.

Después de cuatro años de lucha, ya no está en discusión el valor de Punta Querandí

Una mesa de diálogo con importantes autoridades de Nación, Provincia y Tigre deja como conclusión que desde el ámbito gubernamental ya nadie pone en duda la necesidad de preservar el espacio público y sagrado de los pueblos originarios. Igual, la solución no se ve muy cercana. El conflicto se inició a partir de la apropiación de tierras fiscales para barrios privados. El lugar en disputa, que es un histórico predio de esparcimiento y pesca, contiene restos milenarios de las culturas originarias del Gran Buenos Aires.

Fotos: Leni Lachs

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Por Indymedia Pueblos Originarios

El 20 de febrero de 2010 comenzó el acampe para proteger las tierras de Punta Querandí, entre la calle Brasil, el Canal Villanueva y el Arroyo Garín, en una zona de cementerios ancestrales. Un año antes se había formado el Movimiento en Defensa de la Pacha, integrado por vecinos y miembros de pueblos indígenas. En aquellos tiempos ningún organismo estatal apoyaba sus demandas y el camino parecía liberado para el empresario Jorge O’Reilly, que con la desarrolladora inmobiliaria EIDICO venía de desaparecer miles de hectáreas en la misma región de Tigre y Escobar, desplazando a pobladores y perjudicando con más inundaciones a los habitantes preexistentes.

Sin embargo, con mucho esfuerzo y lucha, se revirtió de a poco la situación: se revalorizó el espacio, donde se realizan distintas actividades, ceremonias y visitas escolares, además de que todos los días es disfrutado como un lugar de esparcimiento y pesca. Si bien el conflicto sigue latente porque el empresario Jorge O’Reilly se resiste a ceder “su” propiedad, el panorama ha cambiado. Prácticamente todos los organismos gubernamentales dicen abiertamente que Punta Querandí debe preservarse y que esto debe estar garantizado en el tiempo.

“No cambiamos de un día a otro, sino que hubo una reflexión en todos estos años”, dijo Fernando Oliva, el responsable de patrimonio arqueológico de la Provincia de Buenos Aires. Junto a a la directora de patrimonio cultural Marián Farías Gómez, contaron el antecedente de la recuperación del cementerio indígena de Baradero, donde una empresa quería hacer una playa de estacionamiento para camiones.

El INAI, a través de la abogada kolla Nina Jaramillo, quien asistió con dirigentes del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO), destacó que el Estado tiene pendiente una reparación histórica a los indígenas.

Del Municipio de Tigre estuvieron el presidente del Concejo Deliberante Julio Zamora y el secretario de Gobierno, Eduardo Cergnul.  Expresaron que pueden una recuperar una parte del terreno, pero no “todo”, porque se expondrían a un juicio de parte de Jorge O’Reilly (imposible no aclarar que este empresario era asesor de Sergio Massa hace cuatro años). “Es nuestra máxima propuesta, sino ya tendría resolverlo desde Provincia o Nación”, dijeron ambos funcionarios.

Esta mesa de diálogo se llevó a cabo el 2 de mayo de 2013 en la sede del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), con funcionarios de Nación, Provincia y Municipio de Tigre, abogados de dos firmas de Jorge O’Reilly, miembros del Movimiento en Defensa de la Pacha y arqueólogos del INAPL que trabajan de forma privada para EIDICO.

Además de las mencionadas autoridades, estuvieron la directora del INAPL, Diana Rolandi, y las coordinadoras del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI), Gabriela Comuzio y Bárbara Carlotto. Como representantes de los pueblos originarios, también fueron parte el delegado del pueblo kolla del Consejo Indígena de Buenos Aires, José Cuenca, quien planteó la “falta de ética” de los arqueólogos, y el coordinador del Consejo Indígena de Almirante Brown, Benito Espíndola.

Del Movimiento en Defensa de la Pacha estuvieron Pedro Moreira, Valentín Palma Callamullo, Leni Lachs, Alejandra Gette y Pablo Badano.

PRIVADO VS PÚBLICO Y SAGRADO

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El empresario sostiene su “propiedad privada” sobre Punta Querandi con un cuestionado boleto de compra-venta de tres kilómetros de tierras ferroviarias que está en juicio con el Estado Nacional desde el 2011. La transferencia fue realizada en el 2007 desde la ONABE a Chilespa SA, quien cedió el boleto a San Benito SA, de EIDICO.

Para defender sus intereses, O’Reilly envió a la mesa de diálogo a dos abogados. Uno, Gonzalo Sánchez Sorondo, en representación de EIDICO, para decir que no hay sitios arqueológicos en terrenos de la desarrolladora inmobiliaria. El otro, Ignacio Molinari, en nombre de San Atanacio (otra de sus empresas), quien afirmó que son los actuales “propietarios” de Punta Querandí porque le adquirieron a San Benito esas tierras (de aproximadamente 130 metros de largo).

Desde hace años, el MDP denuncia que la transferencia original fue irregular y reclama la intervención de las autoridades para que se mantenga la propiedad pública de Punta Querandí y que se reconozca su valor sagrado. No se pide la titularidad del terreno a un sector social, sino que se garantice el acceso libre para que sigan desarrollándose las actividades ceremoniales, recreativas y educativas.

Durante el 2010 y 2011, los representantes de ADIF (a cargo de finalizar el proceso de venta) alegaban que ningún organismo oficial avalaba los planteos acerca de la existencia de un sitio sagrado en las tierras ferroviarias. Una situación que ahora parece haber cambiado sustancialmente.

Por su parte, los abogados de O’Reilly dejaron entrever que no está dispuesto ceder lo que considera su “propiedad privada”, aunque en otro momento de la reunión Sánchez Sorondo reconoció que aún hoy el propietario es el Estado Nacional.

Para comprender la resistencia y la falta de negociación: en las inmediaciones de Punta Querandí funciona un convento religioso ligado al Opus Dei, del cual forma parte O’Reilly y sus socios, que quieren quedarse con las distintas parcelas del paraje Punta Canal donde vienen desplazando a los pobladores desde el 2007.

Los funcionarios lamentaron la ausencia en esta mesa de diálogo de representantes de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a quienes EIDICO inició un juicio por no haberles escriturado tres kilómetros de tierras donde ya edificaron los countries San Marco y San Benito, y donde se encuentra Punta Querandí.

El 21 de mayo habrá otro encuentro, donde se volverá a invitar a los funcionarios de la ADIF.

NO SE HABLÓ SOBRE LA REEVALUACIÓN

El abogado de EIDICO comenzó la reunión preocupado en aclarar que los sitios Punta Querandí y Rancho Largo no están en terrenos de la empresa, y alegando que la medida cautelar del Juzgado de San Isidro los perjudica. Lo cierto es la Provincia se comprometió a reevaluar los estudios para comprobar que no haya más sitios sin reconocer o detectar. Marián Farías Gómez aclaró que la mesa de diálogo tenía como fin la búsqueda de una solución al conflicto de Punta Querandí. Y que la reevaluación de los estudios de impacto en los campos aledaños llevará más tiempo.

La pulseada, en 7 años

– En el 2007, las tierras fueron transferidas por ONABE y una vecina denunció que se iba a destruir un cementerio indígena. Muchos vecinos son desplazados. Otros resisten.

– En el 2008 Jorge O’Reilly contrató una excavación arqueológica, siendo asesor de Sergio Massa en la Jefatura de Gabinete de la Nación. La conclusión de los especialistas, tras 10 días de trabajo, fue que el sitio estaba “prácticamente extinguido”, dando el visto bueno a la empresa para avanzar con el emprendimiento.

– En el 2009, se formó el Movimiento en Defensa de la Pacha y salió una declaración de interés del Senado Bonaerense para declarar la zona como reserva sagrada indígena.

– En el 2010, se identificaron restos humanos y se protegió el terreno con un acampe permanente en el lugar. En octubre, se logró que el Municipio de Tigre clausure las obras que pretendía hacer EIDICO.

– En el 2011, el Concejo Deliberante votó la “posesión preventiva municipal” del terreno (que no se cumplió) y el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas se convirtió en el primer organismo gubernamental en apoyar todas demandas de Punta Querandí. La empresa atacó el acampe pero las instalaciones fueron rearmadas; además violó la clausura municipal y destruyó una parte de las tierras.  En septiembre una jueza de San Isidro dictó una medida cautelar que suspendió obras en campos aledaños por la probable existencia de más sitios.

– En el 2012, sectores académicos y universitarios pidieron la protección de las tierras de Punta Querandí, y cuestionaron el desempeño de arqueólogos y funcionarios. En octubre, se frenó el intento de EIDICO de rellenar un lote vecino violando la medida cautelar. En noviembre, dos miembros del MDP fueron amenazados de muerte por un matón de la empresa.

– En marzo de 2013, la Dirección de Patrimonio Cultural Bonaerense reconoció errores, se comprometió a reevaluar los estudios de impacto arqueológico que habían aprobado y organizó esta mesa de diálogo.

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Esta entrada fue publicada el 13/05/2013 por en Otros.

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