Punta Querandí

Territorio comunitario, sagrado y educativo de los pueblos originarios, en la desembocadura del Arroyo Garín en el Canal Villanueva, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires. Humedales continentales del río Luján.

Proyecto de ordenanza para prohibir los countries: “Es tiempo de poner un freno”

La Asamblea de Vecinos Inundados de Tigre, la Asamblea Delta y el Movimiento en Defensa de la Pacha, presentaron un proyecto de ordenanza para prohibir la instalación de más barrios privados en el Partido, debido a los daños ambientales, sociales y culturales que generan.

Sin título-1

Mapa publicado en cada número de “La revista de los countries”. A pesar del impacto que genera, la imagen satelital es de hace varios años: el avance es mucho peor.

Este lunes 17 de noviembre al mediodía, la propuesta fue ingresada por mesa de entrada del Concejo Deliberante, con una nota dirigida a Alejandra Nardis (Frente Renovador), concejala a cargo del cuerpo legislativo.

Luego, en el Palacio Municipal, se presentó una carga al intendente Julio Zamora, donde se expresa:  “Los Vecinos teníamos y tenemos razón: la construcción de Barrios Privados sobre históricos humedales es la principal responsable de las inundaciones en nuestros Barrios Populares. Por esta razón la Asamblea de Vecinos Inundados y el Movimiento en Defensa de la Pacha, en conjunto con especialistas Técnicos y Ambientales, hemos elaborado un proyecto para solicitar una Normativa / Ordenanza que prohíba e impida la construcción de Barrios Privados. Adjuntamos el mismo para que sea Analizado y debatido en los lugares correspondientes”.

El escrito cuestiona: “El Gobierno Municipal / Provincial permitieron que los Barrios Privados que nos rodean construyan sus Paraísos de privilegio al lado de nuestras casas, rellenando y elevando sus terrenos, transformando nuestros Barrios en verdaderas piletas, donde el agua de acumula sin encontrar salida. Ahora vemos que desde el Gobernador Scioli, el Diputado Massa y el Intendente de Tigre admiten que los Countries tienen responsabilidad en estas inundaciones”.

Para concluir, la carta puntualiza varios reclamos: “Exigimos y Luchamos por: Aprobación de la Ordenanza que Prohíba la construcción de Barrios Privados en el Municipio de Tigre. Realización YA de las obras Hidráulicas dentro y fuera de los countries para que nuestros Barrios no se inunden más. Entrega directa –sin punteros ni intermediarios- de los subsidios y recursos anunciados por el Municipio de Tigre mediante un registro público controlado por los vecinos. Exigimos repuesta inmediata, ante los Puntos desarrollados con anterioridad, en un periodo de 20 días”.

Ambos escritos fueron presentados un día después de una importante manifestación que tuvo lugar en el centro de Tigre, convocada por la Asamblea de Vecinos Inundados de Tigre.

Copiamos el proyecto de ordenanza presentado al Concejo Deliberante, que por ahora suma varias adhesiones como Cooperativa 1 de Mayo, Bachillerato Popular Raíces CEIP, Fundación Eco Sur, Red de Derechos Humanos de Zona Norte, entre otras.

Es tiempo de poner un freno a los barrios privados en Tigre

La construcción de urbanizaciones cerradas en áreas de humedales constituye una problemática ambiental, social y  cultural que debe ser puesta en debate. Debido a ello, diversas organizaciones nos hemos convocado ante este grave daño a nuestro ambiente dentro del Municipio de Tigre. Este distrito cuenta con grandes superficies de humedales y valles de inundación, los cuales están protegidos internacionalmente por la Convención Ramsar y, debido a su importancia, ya en el año 2010, la Defensoría del Pueblo de la Nación, instó a varios municipios ribereños a no habilitar más barrios privados (Resolución 141/10).

Por otro lado el Municipio de Tigre está atravesado por dos cuencas: las de los ríos Reconquista y Luján. La legislatura provincial recientemente decretó la emergencia hídrica precisamente en la Cuenca del Río Luján debido a las crecidas e inundaciones que sufrieron y sufren sus pobladores.

Nuestra región ha crecido de manera desigual y excluyente, privilegiando los negociados de corto plazo por sobre un plan de ordenamiento urbano que responda a las necesidades de las mayorías populares a una vida digna.

Desde la década del 90 esta región fue la elegida por sectores de alto poder adquisitivo para la compra de viviendas en urbanizaciones cerradas, las que se ubican específicamente en zonas de humedales y valles de inundación. Dichos espacios fueron adquiridos por las empresas Nordelta, EIDICO y otras, a muy bajo precio o de manera ilegal, como es el caso de las hectáreas que correspondían al Estado Nacional como las de Radio Nacional y las del ferrocarril por donde circulaba el tren que iba desde Ingeniero Maschwitz a Dique Luján.

Cabe destacar que para la construcción de dichas viviendas se han realizado grandes obras para elevar la cota natural del terreno, es decir, rellenar espacios bajos o inundables quitándoles la función esencial que cumplen estos suelos pantanosos, como es el filtrado de aguas dulces hacia las napas subterráneas. A su vez, se modifica la aptitud de retener la humedad y agua necesaria para regular los ciclos de las lluvias con los de sequia, de esta manera, se modifican los ecosistemas y se impide el normal y natural escurrimiento de las aguas.

Este modelo -socialmente excluyente, ambientalmente insostenible y apropiador de costas, bienes y espacios públicos- priva de sus beneficios al conjunto de la población y, además, es responsable de grandes catástrofes como las inundaciones recurrentes que sufren nuestros vecinos de Las Tunas, Ricardo Rojas, Troncos del Talar, Rincón de Milberg, entre otros.

Los pobladores tradicionales o preexistentes no tienen cabida en el nuevo modelo que se impone, y esta situación genera una dicotomía entre el modelo comunitario, vecinal y de bienes comunes, y el paradigma neoliberal a ultranza con la propiedad privada como único valor y la mercantilización de la naturaleza y  de las relaciones sociales como resultado.

Es de público conocimiento el avance de estos megaemprendimientos sobre sitios arqueológicos con enterratorios indígenas; el country Santa Catalina fue construido por la empresa EIDICO sobre restos humanos pertenecientes a poblaciones originarias que habitaban la región. Los sitios Rancho Largo, Sarandí, La Bellaca, Garín, etc., son un claro ejemplo de este atropello. Sólo Punta Querandí logró preservarse debido a la resistencia que desde hace 5 años viene llevando a cabo el Movimiento en Defensa de la Pacha.

Resulta imprescindible preservar de la especulación inmobiliaria (porque hoy la fijación del precio del m2 del suelo es a partir de esta especulación inmobiliaria), la privatización y la exclusión social, a la escasa tierra urbanizable que queda en Tigre, y avanzar en el debate y en la construcción de consensos acerca de qué municipio estamos construyendo, brindando marcos generales acerca de los usos del suelo, poniendo el énfasis en la función social de la tierra y el derecho colectivo, priorizando los valores de lo público por sobre los intereses privados.

El saqueo del patrimonio público, las tierras y espacios verdes configuran una ciudad cerrada para pocos; los mayores negociados son para barrios privados que destruyen la trama urbana que identifica a nuestros barrios.

El extractivismo ha llegado a las ciudades, pero no son los terratenientes sojeros ni las megamineras, sino la especulación inmobiliaria la que aquí expulsa y provoca desplazamiento de población, aglutina riqueza y territorio.

Ante la gravedad de lo expuesto, desde la Asamblea de Vecinos Inundados de Tigre, el Movimiento en Defensa de la Pacha y la Asamblea Delta y Río de la Plata, proponemos el siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO

La expansión de urbanizaciones cerradas, también conocidas como Barrios Privados o Countries, que han crecido de manera exponencial desde la década del 90 en el Municipio de Tigre ocupando gran parte del ejido urbano; y

CONSIDERANDO

Que las reformas económicas de los años 90 profundizaron más la brecha entre ricos y pobres. Estos procesos de polarización social se vieron reflejados en una nueva redistribución espacial: cada vez más ciudadanos buscan una organización privada y eficiente de su vecindario que les provea de los servicios que antes eran públicos, en detrimento de la población preexistente.

Que el abandono de la gestión y control del desarrollo urbano por parte del Estado, y su apropiación por parte de actores privados, dio como resultado la aparición de nuevas formas urbanas comercializables, redituables y valiosas para el mercado.

Que en el área suburbana de Buenos Aires aparecieron complejos de viviendas unifamiliares llamados Barrios Privados, mientras que en lugares centrales surgieron edificios altos comercializados habitualmente con el nombre de Torres Jardín. La tendencia hacia la vivienda vigilada y segura se convirtió en el factor determinante del crecimiento de la superficie de la metrópolis.

Que hoy quienes habilitaron, desde el Estado Municipal, todos estos emprendimientos, aparecen en un nuevo organismo autárquico supramunicipal integrado por el ex Intendente y funcionarios que tuvieron y siguen teniendo la responsabilidad del modelo impuesto, como los planificadores urbanos y revisores de ordenanzas recientemente aprobadas como el Plan de Manejo del Delta.

Que actualmente Tigre vive un proceso de concentración de la tierra en manos de grupos monopólicos; más del 50% de los 158 km2 de la tierra continental se encuentra dentro de barrios privados en los que vive actualmente alrededor del 10% de nuestra población, lo que constituye un despilfarro del territorio de nuestro Partido.

Que los barrios cerrados crecieron descontroladamente con el lema de ofrecer mejor calidad de vida. Alrededor del 90% de esos proyectos se extendieron sobre llanuras continentales -que deberían absorber desbordes de ríos y arroyos- modificando el ecosistema, impidiendo el natural escurrimiento de aguas, que amortiguaría las inundaciones.

Que en los últimos tiempos en estas planicies de inundación se construyeron decenas de urbanizaciones de diverso tamaño, la mayoría con viviendas de gran confort, canchas de golf, de tenis, paseos de compras, escuelas y centros de equitación.

Que este proceso viola los derechos humanos generando el desplazamiento de pobladores, mayores inundaciones a los vecinos, pérdida de costas y calles públicas, y destrucción de sitios arqueológicos y cementerios indígenas.

Que en el año 2010 la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó al municipio de Tigre a no habilitar más emprendimientos privados en humedales continentales vecinos al Delta del Rio Paraná por su daño ambiental, social y cultural.

Que la Resolución emitida es la 141/10 e indica “sólo autorizar emprendimientos residenciales, industriales o agropecuarios en humedales cuando su necesidad se encuentre fundada en imperiosas razones de estricto interés público y no existan opciones menos perjudiciales”.

Que en noviembre de 2013 la legislatura provincial transformó en ley la declaración de emergencia hídrica de la cuenca del Río Luján, debido a las inundaciones recurrentes y desmedidas. Debido a esto, tanto los Estados Provincial y Nacional deberán realizar un examen exhaustivo del estado del río y del valle de inundación, de las zonas de humedales y de toda perturbación de origen antrópico y/o natural que fuere causa directa o indirecta de comportamientos anormales del río, y posteriormente, realizar las inversiones necesarias para evitar las destrucciones ya mencionadas.

Que la región está perdiendo su capacidad natural de alojar y absorber agua, justo cuando las lluvias y tormentas son más intensas, sin mencionar que todavía no se ha dado una marea extraordinaria.

Que, por otro lado, la escasez de tierra y el aumento del precio del m2 dificulta el acceso de los sectores de medios y bajos ingresos, profundizando el déficit habitacional.

Que tiene mucho sentido hablar de extractivismo urbano en el Municipio de Tigre donde más del 50% de sus tierras continentales se encuentra en manos de barrios cerrados.

Que el diseño del territorio urbano se encuentra definido cada vez más por tomadores de decisiones sin consulta alguna a la población, imponiendo así un proyecto de municipio hacia los demás sectores sociales.

Que entre los que deciden se hallan sectores de alto poder económico e influencia, vinculados a la adquisición de tierras, la especulación financiera, la industria y sector trasnacional, e incluso vinculados al propio municipio.

Que estos sectores modelan los espacios y las relaciones sociales que contienen mediante el fomento masivo de ciertos patrones de consumo.

Que los pobladores tradicionales no tienen cabida en el nuevo modelo que se impone, y esta situación genera una dicotomía entre el modelo comunitario, vecinal y de bienes comunes, y el paradigma neoliberal a ultranza con la propiedad privada como único valor y la mercantilización de la naturaleza y de las relaciones sociales como resultado.

Que actualmente se da en muchos lugares de nuestro distrito, especialmente los costeros, una expansión inmobiliaria muy agresiva, que genera serios conflictos socio-ambientales y se caracteriza por la adquisición legalizada o no de los últimos espacios naturales, generalmente asentados sobre humedales, para la creación de distintos mega-emprendimientos o desarrollos urbanísticos.

Que el fenómeno es especialmente visible en la franja ribereña del Delta, en los valles de inundación, donde se dan emprendimientos como Marinas Golf, Santa Mónica, Albanueva y la expansión de los countries de Nordelta y el Complejo Villa Nueva. Todos se han apropiado del Camino de Sirga, impidiendo lo que por ley es la servidumbre de paso.

Que los pobladores aledaños a los barrios cerrados pierden la fácil comunicación vial que desde antiguo existía con centros urbanos, por la vasta extensión de estas urbanizaciones, obligándolos a dar grandes rodeos.

Que resulta indispensable una justa distribución de la tierra teniendo en cuenta tanto una merecida sostenibilidad económica como una sustentabilidad social y ambientalmente consciente para el buen vivir.

Que el negocio inmobiliario, pata urbana de la acumulación por desposesión, es una aplanadora insaciable que no se detiene ante el interés colectivo ni ante las leyes. De hecho han violado, casi todos, la Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) ante la autoridad de aplicación (el OPDS), es decir no tienen Declaración de Impacto Ambiental (DIA), además de no haber cumplido con las Audiencias Públicas, todo esto previo al movimiento de suelos.

Que los barrios privados han sido beneficiados con la inversión estatal más grande del municipio, particularmente en infraestructura vial, que comunica a esta región absolutamente privada (en algunos casos se prohíbe la circulación de transporte público y camiones, como en el Camino de los Remeros). También son los primeros beneficiarios de las redes de agua potable de la nueva planta de AYSA de Dique Luján.

Que este modelo instalado en varios municipios es responsable de grandes catástrofes, como las inundaciones sucedidas en La Plata, C.A.B.A. y otras ciudades, y las recurrentes que sufren nuestros vecinos de Las Tunas, Ricardo Rojas, Troncos del Talar, Rincón de Milberg, entre otros, como consecuencia de la elevación del nivel de las tierras donde son construidos los barrios cerrados.

Que el Municipio, a la hora de pensar los destinos urbanísticos, debe priorizar los valores de lo público por sobre los intereses privados.

Que es oportuno revalorizar a la política local, interviniendo activamente en una variable significativa como es el urbanismo, a fin de construir propuestas que garanticen las transformaciones necesarias para paliar las desigualdades que nuestro municipio presenta en el acceso a la tierra.

Que es indispensable construir propuestas alternativas que desalienten la creciente especulación inmobiliaria, modificando la situación actual de la planificación urbana, sosteniendo políticas que privilegien el valor social y estratégico de la tierra por sobre la especulación y la fragmentación social.

Que debemos brindar marcos generales acerca de los usos del suelo poniendo el énfasis en la función social de la tierra y el derecho colectivo.

Que, ante el alarmante estado de situación en el que se encuentra nuestro distrito, resulta imprescindible preservar de la especulación inmobiliaria, la privatización y la exclusión social a la escasa tierra urbanizable que queda en Tigre, y avanzar en el debate y en la construcción de consensos acerca de qué municipio estamos construyendo.

Que no hace falta ser experto en la materia para darse cuenta que en el distrito la tierra se agota y no hay lugar para todos, fundamentalmente para la descendencia de nuestros vecinos históricos que quieren seguir viviendo en el territorio que los vio nacer.

Que es preciso que preservemos el territorio para no llegar con las propuestas cuando ya sea demasiado tarde.

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°.- Prohíbase en la totalidad del territorio perteneciente al Partido de Tigre, la radicación y habilitación de emprendimientos urbanísticos de perímetro cerrado encuadrados por las normas vigentes en la materia como Clubes de Campo (DL 8912/77, artículos 64 al 69) y Barrios Cerrados (Decreto 9404/86 y Decreto 27/98).

Artículo 2°: El Departamento Ejecutivo remitirá dentro de los quince (15) días de sancionada la presente la adecuación de la Ordenanza “Código de Zonificación del Partido de Tigre”.

Artículo 3°: En los casos de expedientes en trámite en los que se hubiere dictado la factibilidad, conforme las normas existentes al tiempo de su inicio, y ésta se encontrare vigente, las etapas posteriores de la tramitación podrán seguir rigiéndose por las disposiciones preexistentes si el interesado completa totalmente la documentación requerida para obtener la aprobación del proyecto dentro del plazo improrrogable de 90 días a partir de la vigencia de la presente Ordenanza. La falta de cumplimiento de las condiciones exigidas dentro del plazo fijado provocará la caducidad automática de los trámites, permisos o aprobaciones, debiendo ordenarse sin más el archivo de los expedientes en que fueron gestionados.

Artículo 4°: De forma.

Un comentario el “Proyecto de ordenanza para prohibir los countries: “Es tiempo de poner un freno”

  1. Gabriel Esteban VIDELA
    26/11/2014

    Apoyo a este proyecto. Gabriel Videla, geógrafo UBA, DNI 16.528.364

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Esta entrada fue publicada el 18/11/2014 por en Documentos y respaldos.

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