A 13 años del acampe de Punta Querandí: un desafío a los negociados inmobiliarios

El 19 de febrero de 2010, tomamos la determinación de afrontar lo que sea para defender el territorio sagrado de Punta Querandí, con el impulso de Graciela Satalic y Dante Farías entre otras personas puntales de la lucha en los inicios.

Las máquinas pagadas por EIDICO tenían un solo propósito: convertir el lugar, ubicado en la desembocadura del Arroyo Garín en el Canal Villanueva, en un amarradero para yates de los barrios privados en el límite de Tigre y Escobar.

En ese tiempo la empresa tenía vínculos con todos los gobiernos y su presidente Jorge O’Reilly venía de ser asesor del ahora Ministro de Economía, Sergio Massa, en su etapa como Jefe de Gabinete de la Nación entre 2008 y 2009.

Casi nadie daba “ni dos pesos” por nuestra lucha y la mayoría apostaba que en el invierno íbamos a abandonar.

Sin embargo, cada golpe nos fortaleció más, en una resistencia cuerpo a cuerpo.

Sería tedioso enumerar cada logro parcial alcanzado año tras año. Lo cierto es que “el acampe de los indios” (como se lo conocía en el pueblo de Dique Luján) se convirtió en una referencia de reivindicación cultural y fuimos obteniendo reconocimientos institucionales, sociales, educativos y políticos.

Ante la falta de respuestas, en 2017 apostamos por la autodeterminación y levantamos nuestro Museo Autónomo de Gestión Indígena.

A los juicios de desalojos respondimos que la Comunidad Indígena Punta Querandí tenía la posesión legítima y pacífica.

Y finalmente, en noviembre de 2020, luego de que la propia empresa desistiera de sus intenciones, firmamos un Convenio de Propiedad Comunitaria con la Intendencia de Tigre, un antecedente pionero en el Gran Buenos Aires por el peso de los actores privados que querían adueñarse de Punta Querandí.

Luego llegarían más triunfos, como la recuperación de los ancestros para sus reentierros y otras políticas públicas valiosas de la mano de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar como los cursos de lenguas indígenas y la entrega del local en el Puerto de Frutos para la venta de artesañías y productos de las comunidades.

Pero fue ese grito de dignidad, el 19 de febrero de 2010, el paso fundamental para que los poderes tomen nota de la emergencia de un actor que reclamaba una reparación histórica, camino que aún falta mucho recorrer.