Posición sobre el fallo de la Corte contra CFK y el actual contexto represivo

Lo que se nos intenta «vender» como un antecedente valioso de condena a la corrupción, en verdad es una proscripción política que limita la capacidad de la ciudadanía para elegir a sus representantes y que se complementa con el fortalecimiento de otros dispositivos represivos.

En la llamada «Causa Vialidad» se investigaron delitos de corrupción en el marco de la obra pública, pero no se probó la participación directa de la ex presidenta. Sin embargo, en distintas instancias judiciales, con la intervención de jueces y fiscales muy vinculados a Mauricio Macri, incluso apareciendo en fotos jugando a la pelota en la Quinta de Olivos, fue condenada.

Estas dudas sobre la transparencia del proceso judicial podrían haber sido despejadas por la Corte Suprema de Justicia si admitía un recurso de queja y analizaba el fondo del asunto. En vez de eso, rechazó el recurso con una inusitada velocidad y dejó afuera de la contienda electoral –de por vida– a una de las figuras más importantes de la oposición, dos veces presidenta y una vez vicepresidenta, quien además sufrió un atentado contra su vida en 2022, aún no esclarecido.

Esta rapidez en tomar una decisión resulta sorprendente si se lo compara con la lentitud en otros casos judiciales de gran relevancia, como las confirmaciones de sentencias por juicios de lesa humanidad o causas judiciales con planteos de inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia del actual gobierno.

Con esta proscripción derivada del fallo de la Corte, se debilita a la oposición al perder a una candidata con millones de seguidores. Por eso creemos, como muchos sectores sociales y políticos lo vienen manifestando -no solo desde el peronismo- que se trata de un verdadero atentado a las libertadas democráticas.

No podemos ver esto de forma aislada, sino que confluye con un contexto político donde se persiguen las luchas populares, se intenta gobernar por decreto y se toman medidas que empoderan a las fuerzas represivas, como las recientes facultades otorgadas la Policía Federal que habilita a hacer tareas de espionaje y detención sin orden judicial.

A esto sumemos la inclusión de los pueblos originarios dentro del Plan de Inteligencia Nacional 2025, elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que “ordena a la inteligencia criminal trabajar también sobre la posible ‘obstrucción’ de proyectos extractivos por parte de grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados, es decir, comunidades indígenas (05.01.04.04), habilitando el tipo de inteligencia ilegal que ya se registró en episodios anteriores contra el pueblo mapuche”, advirtió el Colectivo Editorial Crisis, que accedió a una copia del Plan.

Desde Punta Querandí, como territorio en lucha organizado a partir de la defensa de un sitio sagrado, vemos el peligro ante los distintos avances antidemocráticos que afectan los intereses populares y nos sumamos a quienes alzan la voz.

18 de junio de 2025