Punta Querandí
Territorio comunitario, ancestral, sagrado y educativo de los Pueblos Originarios. Desembocadura del Arroyo Garín en el Canal Villanueva, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires. Humedales continentales del río Luján.
La investigación judicial sobre el impacto de los barrios privados está paralizada
Luego de las noticias nada gratas acerca de cómo el «lobby inmobiliario» gana terreno en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, otra novedad preocupante llega desde el ámbito del poder judicial. La Asociación Ambientalista del Partido de Escobar difundió un comunicado de prensa para alertar la situación del fallo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que en el 2016 prohibió la autorización de nuevos proyectos de barrios privados y ordenó realizar un estudio pericial para determinar el impacto negativo de los emprendimientos. A más de un año, no se pudo avanzar debido a las apelaciones de algunas empresas que lograron fallos favorables en la Cámara Federal de San Martín y en la Corte Suprema de la Nación.
Basílica de Luján: inundaciones años 2012-2014-2015.
En un comunicado de la Asociación Ambientalista del Partido de Escobar (AAPE), describió la situación del proceso judicial luego de que se determinara su pase al fuero provincial: «Tal decisión prácticamente ha paralizado el trámite de tan sensible investigación, por un lado, no se ha avanzado en la investigación de los hechos y, en su caso, en la determinación de responsabilidades penales, pero por sobre toda las cosas, si quiera se pudo dar comienzo al estudio pericial interdisciplinario ordenado el 20 de mayo de 2016, que tiene como objeto determinar y delimitar la cuenca del Río Luján y del Delta del Paraná, como así también establecer si la construcción de los barrios cerrados que se han llevado adelante tuvo incidencia en tales efectos negativos con indicación de sus consecuencias actuales y futuras así como determinar las soluciones a la problemática generada».
El informe de la AAPE también se hace eco de distintas «decisiones recientes de los poderes legislativo y ejecutivo provincial relacionados directamente a la causa, que parecerían desconocer los fallos judiciales federales de primera instancia».
Recomendamos la lectura completa del comunicado.
Inundaciones Cuenca del Río Luján y Delta del Paraná: “Solicitan que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declare que la justicia federal es la que debe continuar la investigación”
(18 de julio de 2017).- El día 9 de mayo de 2017 la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la Justicia Provincial debe ser la que investigue en el marco de la causa por estrago seguido de muerte por inundaciones y daños a la principal reserva de agua a nivel nacional caratulada “NN Delito de Acción Pública”.
Publicación original aquí
Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina: Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz
Sin embargo tal decisión pondría en riesgo las resoluciones de la Justicia Federal, que a más de ocho años de investigación en ésta y otras causas relacionadas, resolvió interponer una medida de paralización precautoria, ordenando a mediados del año 2016 a las autoridades del estado a que no autoricen nuevos emprendimientos inmobiliarios ni ampliaciones de los ya existentes en la cuenca del río Luján y el Delta del Paraná, hasta que se cuente con los resultados del estudio integral e interdisciplinario que ha encomendado, y que además busca establecer las soluciones a las inundaciones; situación que motivó a que la parte demandante presentara ante el Máximo Tribunal una “Acción de Nulidad” a través de la cual solicita a la CSJN que declare que la justicia federal es la que debe continuar con tan sensible investigación de incidencia colectiva.
La causa “NN Delito de Acción Pública” Nº 32009066, que fuera desglosada de la causa Federal Nº 439 iniciada en el año 2008, fue iniciada en el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de la Jueza Sandra Arroyo Salgado por el acaparamiento y destrucción de bienes del dominio público natural por parte de empresas inmobiliarias en connivencia con funcionarios del estado nacional, provincial y municipal, que afectaron la principal reserva de agua a nivel nacional y alteraron el régimen hidráulico de los ríos Paraná – Luján con consecuencias catastróficas de incidencia colectiva causando estrago seguido de muerte por inundaciones.
Las decisiones judiciales federales estuvieron fundadas, entre otros, en los testimonios de expertos que integran equipos interdisciplinarios de investigadores de la UBA-CONICET-UNLP. En el mismo sentido y desde el año 2008 el Defensor del Pueblo de la Nación, que intervinó acorde el ámbito federal de su competencia, para insistir en que las autoridades nacionales y provinciales promuevan con carácter de urgente, la creación de un área protegida interjurisdiccional, que abarque la totalidad del Delta del Paraná, sus islas y cuerpos de agua, incluso bajo la protección de Sitio Ramsar, asimismo requirió que se establezca una moratoria a la aprobación de nuevos emprendimientos o cambios de uso del suelo que pudiesen modificar la dinámica hídrica hasta tanto esté en funcionamiento el plan operativo de gestión “Plan de Manejo para el Delta del Paraná” (PIECAS-DP). También al igual que los fallos judiciales federales requirió que se efectúe un estudio para determinar los daños y las soluciones, previendo la recomposición ambiental.
Emprendimiento San Sebastián en Pilar, de la empresa EIDICO, sobre 1.100 hectáreas de la planicie de inundación del río Luján. Ocupo y modificó el 50% del cauce natural del río Luján perforando las napas de agua.
La medida de paralización precautoria ordenada por la Jueza Federal Sandra Arroyo Salgado, que va en consonancia con la establecida por el Juez Federal Adrián González Charvay, alcanza a la planice de inundación del río Luján y el Delta del Paraná en los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Luján Exaltación de la Cruz, Campana, San Andrés de Giles, General Rodríguez, Mercedes, Suipacha, Pilar, Escobar, Moreno, José C. Paz y San Antonio de Areco, para todos los emprendimientos que impliquen una o más tareas de endicamiento, embalses y/o polders, dragados, refulados, excavaciones, creación de lagunas, derivación de cursos de agua, modificación de costas, desagües naturales, cotas en superficies asociadas a valles de inundación y cursos de agua o ambientes isleños.
La Cámara Federal de Apelaciones Sala II (Jueces Alberto Agustín Lugones, Daniel Mario Rudi), resolvió el día 8 de septiembre del 2016 que la Justicia Federal no es competente para intervenir en el expediente. Sorpresivamente y a pesar de todos los elementos que acreditan que el fuero federal es el que debe intervenir conforme el abundante material probatorio, jurisprudencia que lo fundamenta, resolvió pasar el expediente a la justicia provincial. La medida fue apelada por la parte demandante, vecinos e integrantes de organizaciones sociales, y fue lamentablemente negada su solictud por la CFASM (Jueces Hugo Daniel Gurruchaga, Alberto Agustín Lugones, Daniel Mario Rudi) y la Cámara Federal de Casación Penal Sala III (Jueces Liliana E. Catucci, Eduardo R. Riggi, Juan Carlos Geminiani). Finamente luego de ser negado el recurso extraordinario, la parte querellante presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Imagen: Jueza Federal Dra. Sandra Arroyo Salgado
El día 10 de abril de 2017, la Jueza Federal Sandra Arroyo Salgado, a casi un año de sus resoluciones, informó a la CSJN que el expediente ha entrado en una incertidumbre desde que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín el 8 de septiembre de 2016 resolvió que la competencia para actuar en el expediente es provincial, y que tal decisión prácticamente ha paralizado el trámite de tan sensible investigación, por un lado, no se ha avanzado en la investigación de los hechos y, en su caso, en la determinación de responsabilidades penales, pero por sobre toda las cosas, si quiera se pudo dar comienzo al estudio pericial interdisciplinario ordenado el 20 de mayo de 2016, que tiene como objeto determinar y delimitar la cuenca del Río Luján y del Delta del Paraná, como así también establecer si la construcción de los barrios cerrados que se han llevado adelante tuvo incidencia en tales efectos negativos con indicación de sus consecuencias actuales y futuras así como determinar las soluciones a la problemática generada.
Sin embargo, han existido decisiones recientes de los poderes legislativo y ejecutivo provincial relacionados directamente a la causa, que parecerían desconocer los fallos judiciales federales de primera instancia; a saber:
Cuenca del Río Luján y Delta del Paraná: Principal Reserva de Agua a Nivel Nacional (Imgagen de la Reserva Otamendi).
1.-El día 21 de diciembre de 2016 fue aprobada la ley de bosques nativos de la provincia de Buenos Aires Nº 14.888. Los bloques de CAMBIEMOS y FRENTE RENOVADOR votaron por unanimidad la ley, y también la mayoría del FRENTE PARA LA VICTORIA y el PARTIDO JUSTICIALISTA. La Gobernadora María Eugenia Vidal la promulgó el día 15 de enero del 2017. No fueron tenidas en cuenta para su sanción las recomendaciones de los académicos y organizaciones sociales que hace muchos años venían trabajando seriamente, quiénes denunciaron que se elaboró a medida de los empresarios. (Fuente https://www.pagina12.com.ar/19270-mas-poder-para-las-empresas)
En este sentido los Dres. FABIO KALESNIK y ROBERTO BÓ, docentes e investigadores de la UBA y el CONICET dirigieron una carta al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), en la que manifestaron su desacuerdo por las serias irregularidades en el mapa de la ley de bosques provincial y afirmaron: ”…Pero, lo que consideramos más problemático aún, más allá de nuestra falta de participación, es que, a partir de dicha reunión, los bosques de los albardones de las islas no sólo no tienen color verde sino que aparece el mapa correspondiente con color blanco, lo que puede interpretarse o significar a los fines prácticos que directamente no existen. Este hecho no sólo plantea una situación engañosa, de la que podría interpretarse que no hay ni bosques secundarios, ni parches de bosques nativos en los albardones del Bajo Delta Bonaerense, sino que habilitaría el avance de mega emprendimientos inmobiliarios y de otros tipos, que dañarían en forma importante o, incluso irreversible, la dinámica hidrogeomorfológica natural de las islas.
2.-Recientemente, el día 30 de junio del 2017 es modificada la Resolución 29/09 del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, que ponía en cabeza de este organismo provincial la responsabilidad de la evaluación de impacto ambiental ante las obras de endicamiento, embalses y/o polders, dragados, refulados, excavaciones, creación de lagunas, derivación de cursos de agua, modificación de costas, desagües naturales, cotas en superficies asociadas a valles de inundación y cursos de agua o ambientes isleños. La nueva Resolución lleva el Nº 562/2017, y las modificaciones introducidas se basaron en la ley de bosques provincial cuestionada Nº 14.888 y en fundar porque debían ser los municipios los encargados de efectuar la evaluación de impacto ambiental.
Sin embargo, cabe señalar que la gestión del lecho o cauce de ríos navegables o del régimen hidráulico de cursos fluviales -ríos, arroyos- que serán afectados por las obranzas hidráulicas de –dragados, refulados, excavaciones, polders, terraplenes, endicamientos, rellenos-, son de competencia concurrente entre Nación y Provincia/s; pero nunca por la autoridad municipal, fundamentos que volverían inconstitucional la nueva resolución del OPDS.
3.-Nombramiento/s de Director/es con injerencia en el territorio.
El Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat (CPVH) creado por la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat expresó su “más enérgico repudio” a la designación de Dante Galeazzi como Director Provincial en el área de ordenamiento urbano dependiente de la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.
“Existe un conflicto insalvable entre las funciones del cargo que el Dr. Galeazzi ocuparía en la Dirección Provincial y su pertenencia a empresas como Nordelta y a cámaras del sector inmobiliario que han priorizado reiteradamente sus intereses económicos por sobre los intereses colectivos”, argumentó el CPVH en una declaración que contó con un centenar de adhesiones y fue presentado en una carta dirigida a la gobernadora. (Fuente: ttps://puntaquerandi.com/2017/07/12/el-lobby-inmobiliario-gana-terreno-en-el-gobierno-de-vidal/)
4.-Paralelamente avanzan créditos y obras en la cuenca del río Luján y el Delta del Paraná sin respetar la convocatoria ciudadana a través de audiencia pública o consulta pública, violando el marco jurídico vigente. Con el agravante que respecto a las obras a iniciarse en el partido de Campana, en el Delta del Paraná, Parques Nacionales manifestó su negativa a la evaluación de impacto ambiental presentada por la provincia.
En en este sentido el diario El Civismo del sábado 8 de julio del 2017 publicó: “Nuevo crédito para obras en el río, sin información oficial sobre los trabajos”.
Finalmente remarcamos que los fallos judiciales federales, dadas los fundamentos jurídicos y fácticos que existen en torno a las irregularidades de las obras, y que se iniciaron en los gobiernos anteriores, resolvieron que el estudio interjurisdiccional e interdisciplinario también establezca cuales son las medidas que deberán ejecutarse para así resolver la problemática de las inundaciones.
Agradecemos la difusión en cualquiera de los formatos al final del listado de organizaciones sociales y el video!
Compartimos el video difusión que ilustra brevemente la situación judicial con imágenes reales del accionar de maquinarias sobre las napas de agua y de algunas de las inundaciones ocurridas, agravadas por la destrucción de los cauces en cuestión por parte de los emprendimientos inmobiliarios.
Río Luján: acción penal ante el avance del lobby inmobiliario
Asociaciones que trabajan en la preservación de humedales y otros sectores del río Luján se constituyeron como damnificados en una causa que se tramita en Mercedes. Mientras permanece la falta de regulación…
Por Nicolás Grande / El Civismo
(27/07/2017).- Mientras el agua no desborde, la problemática de las inundaciones en el río Luján parece alejarse de la agenda pública. Sin embargo, distintas organizaciones vinculadas a la preservación de humedales y otros puntos de la cuenca se mantienen activas, como intento por frenar una actividad que tampoco cesa: el lobby inmobiliario para mantener el avance en áreas cuya ocupación termina por agravar los fenómenos naturales que perjudican a miles de vecinos en todo el corrido definido por el principal curso de agua, especialmente en los tramos medio y bajo.
De un lado, las asociaciones resolvieron constituirse como particular damnificado en una causa que se tramita desde 2015 en el Juzgado Federal de Mercedes. Lo hicieron mediante una presentación que esperan concretar en estos días, donde expresan su carácter de víctimas del acaparamiento ilícito de bienes interjuridiccionales del dominio público, como lo son los ríos Luján y Paraná, por parte de empresas inmobiliarias. Se apunta también a las responsabilidades de los funcionarios que actuaron en áreas claves entre 2014 y 2015, durante el gobierno provincial de Daniel Scioli.
Del otro lado, las principales firmas del sector inmobiliario van más allá de su normal proceder y lograron colocar, o están en proceso de eso, a personas de su riñón en sectores estratégicos del Estado Provincial. Tal es el caso de Dante Galeazzi, anunciado como titular de Ordenamiento Urbano y Territorial, aunque su nombramiento todavía no fue publicado en el Boletín Oficial (ya estaría en funciones). Su pasado lo vincula al directorio de Nordelta, megaemprendimiento de Tigre responsabilidad de Consultatio, firma perteneciente a Eduardo Costantini, suegro de Galeazzi. Ante esto, el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat (CPVH), creado por la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, expresó su “más enérgico repudio” a la designación de Galeazzi ya que “existe un conflicto insalvable entre las funciones del cargo que Galeazzi ocuparía en la Dirección Provincial y su pertenencia a empresas como Nordelta y a cámaras del sector inmobiliario que han priorizado reiteradamente sus intereses económicos por sobre los intereses colectivos”.
En la Autoridad del Agua (ADA), aparece otro nombre vinculado a una firma largamente conocida por organizaciones que denuncian ocupación y destrucción de humedales. Se trata de su vicepresidente Agustín Sánchez Sorondo, quien sería familiar de Ignacio Sánchez Sorondo, abogado de Eidico, firma conocida en Luján al quedar involucrada por el escándalo que en 2013 cubrió a la fallida aprobación del COU, con una zonificación a medida de un proyecto que pretendía impulsar en la ciudad. El caso más conocido de denuncia contra la empresa radicada en Tigre se relaciona con el emprendimiento San Sebastián, de Pilar, denunciado por ocupar el valle de inundación del río Luján.
Por otra parte, a través de su portal web, el sitio arqueológico Punta Querandí difundió recientemente el nombramiento de Carmelo Guerra como presidente del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural (SPAR). En el artículo se destaca que “el ahora funcionario es un ‘experto en la construcción de barrios privados’ con pasado en dos empresas líderes en la destrucción de humedales: Eidico y Consultatio”.
“Carmelo Guerra inició su carrera en la multinacional Techint y luego, entre 1998 y 2007, fue director de obras de Eidico donde dirigió las construcciones de los barrios Santa Bárbara, Santa Catalina, San Isidro Labrador, Santa Clara, Haras Santa María y El Encuentro. Entre 2007 y 2011 trabajó como director de Obras en Consultatio, con proyectos como Ciudad del Lago (en Escobar), barrio Las Garzas Blancas (Rocha-Uruguay) y puente Ruta 10 (Rocha-Uruguay). Desde 2013 a la actualidad se desempeñaba como director de Obras de F. J. Abello & Asociados, donde estuvo al frente del proyecto Venice (Tigre) y Lagos de Hudson (Berazategui)”, describe el artículo.
La información agrega que “una gran parte de los proyectos ejecutados por Carmelo Guerra fueron cuestionados por organizaciones ambientales, vecinos y expertos, algunos de ellos incluso fueron judicializados como Venice”.
DUDAS
Sergio Frascaroli es una de las caras visibles de Inundados de Luján, agrupación creada hace varios años y que hoy trabajaba para constituirse como asociación civil (ver recuadro). El espacio participó de una reunión que el fin de semana pasado se realizó en la ciudad, con organizaciones como Fundación Biósfera, Patrimonio Natural, Vecinos del Humedal y el Consejo Ambiental de Tigre.
“Otra de las acciones es recurrir a la Justicia, porque vemos un montón de irregularidades, con nombramientos llamativos, licitaciones millonarias como el caso del Canal Santa María, por 738 millones de pesos. Un canal de siete kilómetros. Ningún ingeniero hidráulico que hemos consultado nos dice que ese canal es beneficioso”, expuso en referencia a las obras que Provincia proyecta, sin detalles públicos, como supuesto intento de disminuir los efectos de las inundaciones.
Como informó EL CIVISMO, el único dato que se tiene se vincula a la ampliación del mencionado canal y la construcción de otro: “Cuando nos visitó Tomás Vanrell, director ejecutivo del COMILU, le preguntamos si ese canal se iba a hacer, pero él negó la construcción de ese canal. Ahora vemos que sale la licitación del canal que nosotros habíamos denunciado porque además atraviesa la Reserva Otamendi, donde hay sospechas de que con los tres millones de metros cúbicos que se van a sacar se va a hacer un camino para favorecer la instalación de otro emprendimiento inmobiliario”.
En relación a la reunión que tiempo atrás mantuvieron con el titular del nuevo Comité de Cuenca, Frascaroli destacó que “si a nosotros un funcionario, en este caso a cargo del COMILU, nos dice una cosa y en la realidad vemos otra, nos vemos obligados a recurrir a la Justicia”.
“Este canal no tiene estudio de impacto ambiental. Por este caso intervino Parques Nacionales y un grupo de asociaciones está pidiendo un amparo judicial para que se frene la construcción de ese canal. Se hacen las cosas de manera extraña, para no decir otra cosa. Nunca estuvo dentro de los planes de la empresa Serman hacer un canal nuevo. Sólo estipuló la ampliación del canal Santa María, que ya existe. Según fuentes de Provincia, dicen que ese canal beneficiaría cuando el río Paraná esté bajo para escurrir el 80 por ciento del volumen del canal. Cuando hay inundación, la gran masa de agua va al humedal y éste absorbe el agua excedente del río. Cuando no hay inundación, un 80 por ciento del caudal normal va a ir por este canal”, resumió.
– ¿Qué propósito tuvo la reunión que mantuvieron con otras organizaciones?
– Lo fundamental es preservar, no hay que permitir que se siga modificando la cuenca en beneficio de muy pocos y en perjuicio de tantos vecinos.
– ¿Qué información se tiene sobre las obras que proyecta Provincia?
– No se sabe nada. Por eso estamos haciendo un escrito dirigido a la gobernadora. No hay ninguna comunicación concreta sobre lo que se va a hacer. Es más, ahora la sorpresa es esta licitación. No hay plazos de obras, no se sabe el costo de cada obra. Vemos que se van a destinar 738 millones de pesos para una obra que no estaba prevista. Por todo esto pedimos urgente una entrevista con la gobernadora.
– ¿Qué análisis hacen de algunas designaciones en lugares claves para estos temas?
– La designación de Dante Galeazzi, que fue presidente del directorio de Nordelta, es incompatible a esa función. Esa designación sería trágica para la cuenca.
Otra cosa es la designación como vicepresidente del ADA, organismo que tiene que controlar a Galeazzi, de Agustín Sánchez Sorondo, sobrino del vocero papal Marcelo Sánchez Sorondo y sobrino de Ignacio que es el abogado de Eidico.
El lobby que se está armando para que se aprueben todos esos proyectos es tan grande que asusta al inundado. En el caso de Galeazzi, su suegro es el dueño de muchos emprendimientos que en estos momentos no tienen aprobación de Provincia. Es muy llamativo todo, uno no quiere ser mal pensado, pero a veces las casualidades no existen.
– ¿En qué instancia se encuentra el COMILU?
– Es un ente autárquico, el organismo que tiene que endeudarse, licitar y ejecutar las obras, para eso está creado. Recién fueron designadas las autoridades. Vemos bien que en la cuenca media el director sea Oscar Luciani, porque tenemos a quien reclamarle. Le vamos a plantear un montón de irregularidades que vemos en la cuenca media. Pero por el momento no se conformó el Consejo Consultivo.
– ¿El COMILU ha tenido un rol protagónico en las obras anunciadas por el gobierno de Vidal?
– No, en nada. Los fondos que el CAF está otorgando para la primera y segunda etapa supuestamente lo debe manejar el COMILU y no la provincia de Buenos Aires.
– ¿Cuáles son esas irregularidades a las que se refería antes?
– Por ejemplo, el corrimiento de la línea de ribera, incluso en la cuenca media. Fuimos a Hidráulica para hablar de distintos emprendimientos que están dentro de la línea de ribera, que es hasta donde llegó la inundación. Recién a 50 metros de esa línea podés construir. Cuando hablamos en Provincia por qué había emprendimientos que están siendo aprobados, la contestación que nos dieron es que la línea de ribera se corrió, porque las obras que se van a realizar en el futuro harán que se inunde menos. Primero corrieron la línea de ribera y después van a hacer las obras. ¿Quién determina eso? No lo sabemos, es futurología. Esa es una irregularidad importante.
Asociación civil
Inundados de Luján se encuentran en el proceso de convertirse en una asociación civil. Al respecto, Frascaroli explicó que “nosotros hace muchos años que nos organizamos como una agrupación de inundados de Luján, con la idea de visibilizar el problema y gestionar acciones concretas, solicitando a las distintas autoridades”.
“Lo nuestro fue siempre la visibilización a nivel de los medios de comunicación, con quienes estamos súper agradecidos porque han mostrado la problemática de la cuenca. Pero consideramos que tenemos también que hacer acciones concretas más fuertes, entre ellas poder integrar el Órgano Consultivo del COMILU, para lo que se necesita contar con personería jurídica. Eso nos da la posibilidad de tener voz dentro de ese ente autárquico”, explicó.
Entre las tareas que impulsará Inundados de Luján figura la de “difundir acciones tendientes a mitigar las inundaciones y nuevas prácticas para preservar el lecho de inundación; participar e impulsar cambios en las normas legales en la medida que sean necesarios para beneficiar a las familias que padezcan este flagelo; y peticionar a las autoridades municipales y provinciales sobre los avances administrativos y de obra con relación a la cuenca del río Luján”.
En la conformación de la nueva asociación se procuró la participación de vecinos no sólo de la ciudad cabecera sino también de localidades afectadas por el drama de las crecidas. De igual modo, se proyecta involucrar a barrios que aunque estén lejos del río, suelen sufrir inundaciones por anegamientos.
Fuente: http://www.elcivismo.com.ar/notas/28930/
Punta Querandí 