Punta Querandí

Territorio comunitario, sagrado y educativo de los pueblos originarios, en la desembocadura del Arroyo Garín en el Canal Villanueva, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires. Humedales continentales del río Luján.

Ley de humedales, una deuda pendiente

Un proyecto espera la aprobación definitiva del Congreso de la Nación, aunque en la última reunión no hubo quórum. La especialista Patricia Pintos analizó la situación que rodea a esos ecosistemas y se refirió a los nombramientos de empresarios del negocio inmobiliario en cargos claves del gobierno provincial: “Todo es parte de un mismo problema, no se pueden leer como cuestiones aisladas, sino que forman parte de una política que da pasos en un sentido de flexibilizar aún más lo que ya estaba bastante flexible, en relación a las condiciones para que el capital inmobiliario se despliegue casi sin restricciones sobre áreas que deben ser preservadas”.

Por Nicolás Grande / El Civismo

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(24/07/2017).- La geógrafa Patricia Pintos, de la Universidad Nacional de La Plata, se refirió a la actualidad del proyecto de ley nacional de Protección de Humedales. Con un amplio recorrido en el estudio del impacto urbanístico sobre esos ecosistemas, que incluye la situación de la cuenca del río Luján, la especialista analizó también las últimas políticas provinciales en ese campo.

-¿Cuál es la actualidad del proyecto de ley de Protección de Humedales?

-El proyecto tiene media sanción obtenida en el Senado el 30 de noviembre del año pasado. Ahora está en la fase de tratamiento en la Cámara de Diputados. La principal comisión es la de Asuntos Marítimos que preside el diputado Julio Solanas, del Frente para la Victoria por Entre Ríos. Hace menos de 15 días hubo una primera convocatoria a sesión y resultó un fiasco porque sólo estuvieron presentes siete diputados de una nómina extensa. Fundamentalmente los diputados de la coalición Cambiemos fueron los que pegaron el faltazo. Además de esta comisión, tiene que pasar por otras tres comisiones y nos queda un semestre por delante en un año electoral.

-¿Cómo nació este proyecto y qué recorrido tuvo?

-No es un proyecto que haya nacido de cero el año pasado. Es un recorrido que inició con un proyecto original a cargo del senador Giustiniani. Ese proyecto obtuvo media sanción pero por falta de tratamiento en Diputados perdió estado parlamentario en diciembre de 2015. Era un proyecto que había tenido un amplio recorrido y debate con la participación de distintos sectores sociales, representantes de intereses de las provincias, académicos, organizaciones sociales.

El año pasado, en base a dos proyectos que recogen estas ideas del proyecto original, de las senadoras Odarda y Luna, con el acompañamiento del presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando Pino Solanas, se retoma el proyecto y finalmente se presenta a discusión. El oficialismo, entre gallos y medianoche, filtra otro proyecto mediante la Comisión de Agricultura que preside Alfredo De Angelis. Ese proyecto no obtuvo consenso de la mayoría de los senadores.

-¿Qué plantea el proyecto en términos generales?

-Lo que plantea es una secuencia que inicia por reconocer el estado de situación de los humedales del país. Recordemos que un poco más del 20 por ciento de la superficie está ocupada por estos ecosistemas. No todos están debidamente relevados y estudiados. Por eso la primera instancia que se plantea es la de un inventario nacional de humedales. A partir de eso, un segundo proceso es el de establecer políticas de ordenamiento de humedales con los criterios y las intenciones que las provincias quieran darles en sus respectivos territorios.

Lo que hace la ley es establecer un marco general. Es una ley de presupuestos mínimos de preservación de humedales.

-¿Qué intereses económicos entran en juego en este tema?

-Mencionaba el proyecto del oficialismo. Se argumentaba que el proyecto que impulsaba Pino Solanas iba a atentar contra la posibilidad de dar continuidad a ciertas actividades económicas que se desarrollan en humedales. De hecho el proyecto de De Angelis iba acompañado de una nota de los arroceros de la Mesopotamia preocupados porque iban a perder su fuente de trabajo. Nada más alejado de la realidad, lo que pasa es que era un argumento que sensibiliza a la opinión pública. En realidad el proyecto que finalmente se aprobó lo que propende es al desarrollo de actividades en un marco de armonía con las características de estos ecosistemas. Lo que puso de relieve ese intento es que existen intereses ocultos que están preocupados porque la aprobación de la ley puede ir en contra de sus posibilidades de expansión a futuro.

-En nuestra zona podemos hablar del sector inmobiliario.

-En algunas áreas metropolitanas, particularmente en Buenos Aires y muy en especial en la zona de Luján, esta todo el negocio inmobiliario. En este último caso no se trata de actividades que puedan desarrollarse en armonía con los humedales, sino que abiertamente son actividades que destruyen los humedales.

PROVINCIA

-Se modificó recientemente una normativa vinculada a la aprobación de impacto ambiental en la Provincia para determinadas obras. ¿Qué implica ese cambio?

-Es la resolución 29 del 2009, del Órgano Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), que limitaba la potestad a los municipios en la declaración de impacto ambiental en los casos en los que se tratara de endicamientos, movimiento de suelos, polderizaciones, modificaciones de cursos de agua. Es decir, en situaciones de transformación drástica de ecosistemas de humedales. Hasta el 2009, los municipios que estaban incluidos dentro del decreto de descentralización podían aprobar la declaración de impacto ambiental a esas obras. Pero muchas veces lo hacían con recursos técnicos muy limitados. Hay municipios de la cuenca del río Luján que en el área de Medio Ambiente, con suerte, tienen un técnico. Con mucho criterio el OPDS había sancionado esa resolución para que fuera ese organismo el que tuviera que emitir la declaración de impacto ambiental. Ahora lo que hizo el OPDS fue modificar la resolución y volvió a darle esa potestad a los municipios.

-Varias organizaciones cuestionaron un nombramiento en la Dirección de Ordenamiento Urbano y Territorial. ¿De qué se trata?

-Todo es parte de un mismo problema, no se pueden leer como cuestiones aisladas, sino que forman parte de una política que da pasos en un sentido de flexibilizar aún más lo que ya estaba bastante flexible, en relación a las condiciones para que el capital inmobiliario se despliegue casi sin restricciones sobre áreas que deben ser preservadas.

Hablamos del nombramiento de Dante Galeazzi al frente de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, el organismo encargado de dar las factibilidades urbanísticas a emprendimiento de todo tipo.

-¿Quién es Galeazzi?

-Tiene relación de parentesco con Eduardo Costantini, es el yerno. Costantini es el CEO de la empresa Consultatio, que es la desarrolladora de Nordelta, una de las megaurbanizaciones más cuestionadas. Galeazzi fue directivo durante mucho tiempo de Nordelta y presidente de la Cámara Argentina de Desarrolladores Urbanos, es decir, de la cámara que nuclea a las empresas desarrolladoras de emprendimientos inmobiliarios. Es más, era presidente en funciones al momento de ser convocado para trabajar en esta Dirección. Una persona que viene del riñón de la Cámara de Desarrolladores Urbanos y que estuvo vinculado a uno de los megaemprendimientos más cuestionados desde el punto de vista ambiental, pasa a ser ahora la persona que va a tener la potestad de arbitrar las decisiones que se toman en el territorio en materia urbanística. Es una flagrante colisión de intereses.

-A partir de la repetición de inundaciones en el río Luján ha ganado visibilidad la denuncia por la ocupación de humedales. ¿Eso ha tenido correlato en las políticas públicas?

-Muy fragmentariamente. En principio creo que desde la órbita provincial está la idea de articular un plan de ordenamiento hídrico para la cuenca, de lo cual no tenemos mayores precisiones. Y digo fragmentariamente porque se ven algunas acciones aisladas en el caso de Escobar o Pilar. En Pilar está la propuesta de los diálogos hídricos, que asoma como una de las estrategias que podrían llegar a ser más interesantes, en el sentido de que el área ambiental de Pilar está articulando conversaciones con 57 urbanizaciones cerradas alojadas sobre las planicies del río, a los fines de ver cómo se asocian en esto de resolver las situaciones extremas de crecidas del río. Con Pilar llegaron a un acuerdo y se comprometieron a abrir la urbanización para que se comporte como un área de reservorio hídrico que absorba parte del excedente de agua. Se va a tratar el mismo acuerdo con el resto de las urbanizaciones. Hubo una señal negativa de San Sebastián (emprendimiento dependiente de la desarrolladora Eidico). Me parece que todo eso tiene un alcance limitado porque depende de la voluntad de los desarrollos inmobiliarios de avenirse o no a ese diálogo. Creo que el intendente Ducoté aparece como un comentarista de la realidad, siendo que él es parte y tiene responsabilidades, en el sentido de mostrarse muy enojado porque San Sebastián no se aviene a esto de los diálogos hídricos. Pero en realidad el que tiene la gestión del territorio es el propio Municipio.

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Esta entrada fue publicada el 30/07/2017 por en Otros.

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