Punta Querandí

Territorio sagrado y educativo de los pueblos originarios, en la desembocadura del Arroyo Garín en el Canal Villanueva, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires. Humedales continentales del río Luján.

David contra los countries: una lucha desigual

Vecinos inundados y organizaciones de pueblos originarios reclaman por el daño que provocan los barrios cerrados. Alerta por un “desastre medioambiental y urbanístico”. Por Tomás Eliaschev de Revista Veintitrés.

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Los barrios privados avanzan sin parar. Cientos de familias con recursos buscan escapar del caos de la ciudad y la inseguridad cotidiana, acercándose a la naturaleza y a los deportes náuticos. En el partido de Tigre, que incluye parte del impresionante delta del Paraná, es donde más se desarrolló el sueño es tener una casa con amarradero en un entorno verde, con todo el confort. Eso sí: para desarrollarlos, se reemplaza la flora nativa, como los juncos, los ceibos y sauces criollos, para dar lugar a vegetación foránea. Cuando se multiplicaron los emprendimientos inmobiliarios construidos sobre los humedales de la cuenca del río Luján, creció el malestar de los vecinos que quedan afuera, tal como constató Veintitrés en una recorrida por la zona donde proliferan exclusivos conjuntos habitacionales.

Detrás del llamado progreso afloran graves problemas que se hicieron inocultables en noviembre del año pasado, cuando cayeron 200 milímetros de lluvia en cuatro días y las inundaciones se fueron de control, afectando a los centenares de miles que viven extramuros. Los barrios populares sintieron más que nunca la hostilidad de sus vecinos ricos, que emplazaron sus lujosos barrios cuatro metros más arriba con terraplenes que los aíslan de las subidas de agua. Los que se quedan afuera quieren hacer escuchar su reclamo que alerta que se está generando un “desastre medioambiental y urbanístico”.

La bronca se transformó en organización: ese mismo mes, un conjunto de movimientos vecinales presentó un proyecto de ordenanza para prohibir nuevos countries en la totalidad del territorio tigrense, con el objetivo de proteger los humedales que todavía quedan. Las sesiones comenzaron en abril, pero hasta ahora los concejales no dieron lugar a la iniciativa vecinal. Organizaciones como el Movimiento en Defensa de la Pacha (MDP) y la asamblea de Vecinos Inundados de Tigre anunciaron un plan de lucha para hacerse escuchar. El domingo 31 de mayo pasado se dio el primer paso, con una manifestación frente al megacountry Nordelta, propiedad de Eduardo Costantini. Son 1.600 hectáreas paradigmáticas no sólo por los casos de narcos colombianos que eligieron su tranquilidad para instalarse, sino también por ser un claro ejemplo de los desequilibrios ambientales que generan estos complejos: en el vecino barrio de Las Tunas, una zona tradicional de familias trabajadoras, el año pasado padecieron las inundaciones como nunca antes. Otro barrio muy afectado fue Rincón de Milberg.

“Hicimos una movilización pacífica, repartiendo volantes a los vecinos de Nordelta así se enteran de que los barrios privados están destruyendo los humedales y enterratorios milenarios. Se trata de un cementerio ancestral indígena de 1.300 años de antigüedad en el sitio arqueológico Arroyo Sarandí, en donde se encontraron 42 cuerpos de hermanos indígenas”, cuenta Valentín Palma Callamullo, que es quechua e integra el Movimiento de Defensa de la Pacha. “Al menos el 46 por ciento del territorio continental de Tigre está ocupado por barrios cerrados. Allí vive el 5 por ciento de la población de ese partido. El territorio restante se inunda porque los barrios privados fueron construidos cuatro metros por arriba, violando las normas, sin hacer un estudio de impacto ambiental ni arqueológico”, explica el militante, en conversación con Veintitrés. “Reclamamos que se prohíban nuevos countries, que no agraven más las inundaciones, que consulten a los pobladores, a las organizaciones y a las comunidades indígenas del distrito que alertan sobre los sitios que hacen desaparecer estas empresas”, explica Palma Callamullo, que destaca hace seis años que están luchando pero recién con las copiosas lluvias del año pasado sus reclamos tomaron más fuerza: “Va a volver a haber inundaciones”, alerta.

El MDP es una organización que está disputando el territorio de Punta Canal, en Dique Lujan, en el límite entre Tigre y Escobar, a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Su contrincante es poderoso: es la empresa Eidico, una compañía con emprendimientos inmobiliarios en todo el país, presidida Jorge O’Reilly, un amigo personal del ex intendente y candidato Sergio Massa, vinculado a los sectores ultraconservadores del catolicismo. El movimiento rebautizó el lugar como “Punta Querandí” y desde allí resisten el avance del barrio privado San Benito, uno de los 11 countries náuticos del Complejo Villa Nueva, que tiene 850 hectáreas y fue desarrollado por la empresa Eidico, a la que acusan de apropiarse ilegalmente de tierras públicas y de querer anexar un terreno que todavía se usa como lugar recreativo público, frente al Canal Villanueva. El predio es una vieja parada de un ramal del Ferrocarril Mitre que fue cerrada por la dictadura de Onganía.

Punta Querandí es uno de los pocos espacios frente al río al que se puede acceder gratuitamente, ya sea para pescar, hacer un picnic o una ceremonia ritual indígena, como vienen haciendo desde el MDP. Allí levantaron un galpón, donde un mural con motivos indígenas anuncia “Agassaganup O Zobá”, que significa “La luna los hará arrepentir” en idioma querandí. Al lado –alambrado, muelles y garita de seguridad de por medio– se levantan las lujosas casas, una parroquia estilo colonial y una escuela privada en cuyo patio se destaca una gran cruz de madera. Santiago Chara, de la comunidad Qom de la cercana localidad de Benavídez y miembro del movimiento, resume con sus palabras el espíritu que los motiva a luchar: “Vine con mi familia del Chaco, fuimos corridos por el hambre y la miseria. Como mis hermanos fui despojado en mi tierra por la conquista que vino con el propósito de matarnos. Me tuve que venir acá. Ahora no quiero sufrir un nuevo despojo. Los countries se parecen a los colonizadores”, razona Chara.

Al lado del galpón, una placa recuerda a Ana María Martínez, detenida desaparecida en la última dictadura. En las orillas del canal apareció su cuerpo. A instancias de su familia y del movimiento, el lugar fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante de Tigre. “Es un reconocimiento de que el lugar es público”, explica el periodista Pablo Badano, fundador del movimiento, y denuncia que “en 2007 dos sociedades anónimas hicieron una operación ilegal y se quedaron con las tierras que eran del ONABE donde ahora se levantan los countries San Marcos y San Benito, además de los 120 metros cuadrados de Punta Querandí”. Badano detalla la situación legal: “Tienen un boleto de compraventa pero no la escrituraron, Cuando surgieron los reclamos de vecinos e indígenas, el Estado dejó en suspenso la escritura. Nosotros pedimos que la anule. La empresa no lo acepta y hace cuatro años le hicieron juicio al Estado, en cualquier momento la Justicia va a tomar una decisión”. El referente se queja porque “lamentablemente, el poder político apuesta a beneficiar a la minoría que tiene poder económico, ya sea porque son socios en algunos emprendimientos o porque les dan más plata”. Según considera, “sigue la alianza entre intendentes y empresas inmobiliarias: es un desastre medioambiental y urbanístico”.

“Esto no sólo pasa en Tigre. A partir de nuestra lucha nos contactamos con otras asambleas que luchan contra las inundaciones que generan estos emprendimientos inmobiliarios. Hicimos un encuentro de vecinos inundados de La Plata, Escobar, Luján, Pilar, Quilmes, Vicente López, y del Barrio Mitre de Capital, que sufren de inundaciones por culpa del Shopping Dot”, ejemplifica Francisco Longa, de la asamblea de Vecinos Inundados del Tigre, que se organizó hace dos años en Las Tunas. Los motivos para seguir luchando son muchos: después de que anunciaron su plan de lucha para prohibir nuevos countries, la respuesta del municipio fue redoblar su apuesta por los barrios cerrados: “El intendente Julio Zamora aprobó una excepción en el ordenamiento municipal permitiendo un nuevo proyecto inmobiliario en los humedales, sin hacer ningún estudio de impacto ambiental: el nombre del emprendimiento es ‘Remeros Beach’, profundizando la idea de un Tigre exclusivo que quiere parecerse a Miami, mientras del otro lado del muro están los pobres que tenemos que padecer inundaciones. Decimos basta”

Escobar y Pilar también

En 2012, en la cuenca baja del río Luján, había 7 mil hectáreas de humedales ocupados por barrios privados. Hoy, la cifra aumentó a 9 mil hectáreas. Lo que pasa en Tigre está pasando en otros distritos, como Escobar, donde se está construyendo el Nordelta 2, llamado Puertos del Lago, de 1.400 hectáreas, o en Pilar, con el country San Sebastián, de Eidico”, explica Patricia Pintos, geógrafa y coautora del libro La privatopía sacrílega. Efectos del urbanismo privado en humedales de la cuenca baja del río Luján, para luego detallar en qué consiste: “Es una práctica inmobiliaria neoliberal que se consolidó: ocupan sectores frágiles para su beneficio pero los perjuicios los sufren los sectores de menores recursos. Ahora que estamos pasando por un ciclo húmedo, se nota el efecto del avasallamiento. Alteran el sistema que es el humedal con terraplenes perimetrales con los que evitan que en una inundación el agua ingrese a los emprendimientos, inundando zonas que antes no se inundaban, como pudo verse recientemente en Luján”.

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Esta entrada fue publicada el 04/06/2015 por en En la prensa.

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¡Miranos desde el cielo! Como se ve, estamos rodeados por los barrios privados, pero todavía existen muchos lugares para defender.

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