Punta Querandí
Territorio comunitario, ancestral, sagrado y educativo de los Pueblos Originarios. Desembocadura del Arroyo Garín en el Canal Villanueva, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires. Humedales continentales del río Luján.
Abandono de familias en la Miami argentina
La peligrosa y única manera de cruzar el Arroyo Garín para ingresar a la zona de Punta Querandí está literalmente haciendo «agua». Una muestra más de cómo el Municipio de Tigre deja tiradas a su suerte a las familias que viven en el paraje Punta Canal en los lotes vecinos al sitio sagrado, arqueológico y educativo de los pueblos originarios.
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La zona está sin puente de acceso desde agosto de 2015 por decisión política de la intendencia de Julio Zamora, quien vive en el mismo complejo de barrios privados que pretende desalojar a los vecinos para ampliar sus proyectos inmobiliarios. La única manera de ingresar es con un casco de lancha y tirando de una soga. Un método más que precario y peligroso que literalmente está haciendo «agua».
El lunes 28 de noviembre desde las 9 de la mañana, Alejandra Ramirez pidió auxilio a los Bomberos, COT, Alerta Tigre, Prefectura y a cuanta institución te puedas imaginar, pero como ya es habitual, en la única fuerza que los vecinos pueden confiar es en ellos mismos. Como se ve en la primer foto, el bote estaba completamente hundido y no había forma de cruzar el Arroyo Garín. Recién cerca de las 17 horas, aparecieron los bomberos y el COT, cuando la situación ya había sido superada. «¿Qué hubiera pasado si la urgencia era un incendio de una de las casas?», se pregunta Alejandra.
Foto: Alejandra Ramírez.
SIN ACCESOS
Además de la falta de puente, vale recordar que el acceso vehícular preexistente, el camino de la vía muerta (tierras del ferrocarril), fue transferido en el 2007 por el Estado Nacional a dos sociedades anónimas para la construcción de los barrios privados San Benito y San Marco, que desde el 2009 -encima- se niegan a abrir una calle perimetral como corresponde por ley a estos emprendimientos.
Es oportuno mencionar que la Desarrolladora San Benito SA (EIDICO) pretende lograr la escrituración de dichas tierras, que ya destruyeron para convertir en «su» acceso naútico, por tal motivo a fines de 2010 la empresa inició un juicio contra la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) encargada de ese trámite.
En primera instancia, el juez federal Carlos Héctor Alvarez en septiembre de 2015 falló en contra de San Benito atendiendo, por un lado, a la existencia de «sitios arqueológicos o religiosos», y por otro, a que «la libre circulación de la población eventualmente afectada, es un derecho constitucional que el ESTADO debe garantizar conforme surge del art. 14 de la Constitución Nacional”.
San Benito SA (EIDICO) apeló y ahora es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal quien debe tomar una decisión. Por lo que se pudo observar en una audiencia que tuvo lugar en los Tribunales el 14 de noviembre, los jueces tienen una predisposición a favor del planteo encabezado por el empresario Jorge O’Reilly, quien niega que los vecinos tengan un problema de acceso a sus viviendas.
Lo que no nadie investiga es la cuestión de fondo: ¿fueron legales los dos boletos de compraventa del 2007 con los que el Estado Nacional se desprendió de estas tierras que tenían una utilidad tan valiosa para el interés público?
8 horas después de los llamados, llegaron los Bomberos y el COT. (Foto: Alejandra Ramírez)
Punta Querandí 