Territorio comunitario, ancestral, sagrado y educativo de los Pueblos Originarios. Desembocadura del Arroyo Garín en el Canal Villanueva, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires. Humedales continentales del río Luján.
La abogada kolla Paula Mercedes Alvarado fue una de las oradores del acto de contrafestejo organizado por comunidades indígenas locales en la estación de tren de Tigre.
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Foto: Barbara Eluney
Durante quince minutos, una de las defensoras jurídicas de la Comunidad Indígena Punta Querandí mencionó las distintas normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de los Pueblos Originarios, pero fue clara en advertir que hay una “brecha super lejana entre lo que establece la normativa y lo que aplica un juzgado de primera instancia”.
Existe la Ley 26.160 aprobada en 2006 y prorrogada en varias oportunidades, la cual establece la suspensión de “sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación” de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas.
“Mientras el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no haga el relevamiento técnico jurídico catastral ninguna de las comunidades podría ser desalojada”, sintetizó la abogada.
Pero la realidad es muy distinta. “Pese a que la Comunidad de Punta Querandí ha solicitado varias veces el relevamiento, el Juzgado todavía no reconoce eso y está en proceso de desalojo”. Una situación que se repite en otras comunidades del país.
“Seguimos viendo que los jueces le dan prioridad a una normativa provincial o a un título de propiedad, y no a una ley de orden público, no a la preexistencia cultural, no a la Constitución que está por encima”, advirtió la letrada.
Alvarado señaló que tener en cuenta los derechos de los pueblos originarios debe ser no sólo una responsabilidad de Estado sino también del conjunto de la sociedad.
“No hace falta ir a Formosa o a Jujuy, sino que acá en la Provincia de Buenos Aires, hoy estamos en Tigre, encontramos varias comunidades en proceso de desalojo y nosotros tenemos una responsabilidad como sociedad”, concluyó la abogada kolla.