Punta Querandí

Territorio comunitario, ancestral, sagrado y educativo de los Pueblos Originarios. Desembocadura del Arroyo Garín en el Canal Villanueva, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires. Humedales continentales del río Luján.

Tercera audiencia del juicio: el INAI pidió aplicar la ley que suspende los desalojos

El 6 de noviembre pasado, tuvo lugar la última audiencia de la demanda judicial impulsada por el empresario inmobiliario Jorge O’Reilly contra Punta Querandí. Además del acompañamiento de diversos sectores indígenas, sociales y políticos, la jornada dejó como principal novedad una presentación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas recomendando aplicar la ley 26.160 que prohíbe los desalojos de las comunidades de Pueblos Originarios.

Cobertura primera audiencia (mayo) y segunda audiencia (septiembre)

Fotos: Rubén Ifran

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Mediante un despacho firmado el 19 de octubre, la jueza María Teresa Petrone -a cargo del Juzgado Civil y Comercial 16- dejó sin efecto la realización de una prueba pericial antropológica “teniendo en cuenta las oposiciones cruzadas (…) a los especialistas propuestos”, y convocó a las partes a una audiencia para el 6 de noviembre. Esta pericia venía siendo discutida: primero San Atanasio (O’Reilly) rechazó a la UBA y luego Punta Querandí cuestionó la contra propuesta empresarial, que era convocar a los mismos arqueólogos que trabajan para sus emprendimientos inmobiliarios, enemistados con la comunidad y repudiados por distintos sectores del movimiento indígena.

Finalmente, el 6 de noviembre, la magistrada explicó que los puntos de la pericia los consideraba “cubiertos” con dos informes que forman parte del expediente judicial, elaborados por el Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA) de la Universidad de Buenos Aires y por el Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social (LIAS) de la Universidad de La Plata.

Lo más relevante en dicha jornada fue la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a través de un escrito de Juan Cruz Testa, director de Tierras y del Registro Nacional de Comunidades Indígenas, quien recomendó a la Justicia respetar la norma que suspende los desalojos.

“A fin de resguardar los derechos de pueblos indígenas, cuya protección emana de los arts. 75 inc. 17 y 36 inc. 9 de la Constitución Nacional y Provincial respectivamente, se solicita, tenga a bien analizar la posible aplicación del art. 2 de la Ley 26.160 hasta que se proceda a canalizar la solicitud de relevamiento efectuado a este organismo por la Comunidad Punta Querandí y se emita resolución al respecto”, decía la nota.

En el mismo documento, el INAI señalaba: “la Comunidad Indígena Punta Querandí (…) cuya personería jurídica se encuentra en trámite de inscripción en el ámbito del Registro Provincial de Comunidades Indígenas (…) ha solicitado que se implementen las tareas del relevamiento de la Ley Nº26.160, la cual reviste de carácter de órden público, declara la emergencia territorial y dispone la suspensión de ejecuciones de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo y ordena dicho relevamiento, mediante el cual, en caso de corresponder, se reconoce la ocupación actual, tradicional y pública de las Comunidades Indígenas del país”.

Un planteo similar ya había efectuado la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, un año atrás, en octubre de 2017, al solicitar al Juzgado la aplicación de la Ley 26.160 “tanto en lo que se refiere a la suspensión de los desalojos, como a la necesidad de efectuar el relevamiento territorial de la tierras de la Comunidad”.

Nuestra comunidad obtuvo otra excelente noticia poco después de la intervención del INAI. El 27 de noviembre de 2018, el Concejo Deliberante de Tigre aprobó por unanimidad la Declaración de Interés Legislativo Municipal a favor de Punta Querandí.

Recordemos que San Atanasio impulsó en la justicia un “interdicto de recobrar”: se trata de un juicio veloz que tiene un plazo de un año para iniciarse desde que fuera concretado el hipotético despojo. Por ese motivo, la empresa está obligada a negar nuestra existencia en el territorio desde 2004. Por el contrario, necesita argumentar que la posesión tradicional comunitaria comenzó a principios de 2017, con la construcción del Museo Autónomo de Gestión Indígena.

Lo que el empresario inmobiliario Jorge O’Reilly solicita es expulsarnos del lote 321-f, donde tenemos diversas edificaciones y desarrollamos algunas de nuestras prácticas culturales (Museo, vivero, huerta, bosque de sauces nativos y el sector de paja brava utilizado para las construcciones). Aunque en el proceso judicial aclara su objetivo de lograr el desalojo de todo el territorio de Punta Querandí: “Esta demanda concierne pues a la parcela 321-f y al sector lindero identificado provisoriamente (…) como ‘2º fracción’, con una superficie de 65 áreas, 51 centiáreas, 69 decímetros cuadrados, que conforman de hecho un único bloque”.

PROPUESTA RECHAZADA

Durante la audiencia del 6 de noviembre, ante una consulta de la magistrada, el abogado de San Atanasio, José Francisco Torreguitar, acercó una propuesta de acuerdo que consistía en desconocer el derecho a la propiedad comunitaria indígena: “ceder el uso” de una pequeña parte del territorio y que su funcionamiento esté regulado por algún organismo estatal de patrimonio arqueológico. La jueza María Teresa Petrone otorgó un plazo de 20 días hábiles para llegar a un acuerdo, que finalmente no se concretó.

Luego de analizar colectivamente la propuesta, concluimos que era idéntica a otro ofrecimiento que ya habíamos rechazado en el 2013 durante una Mesa de Diálogo que reunió a importantes funcionarios de Tigre (incluyendo al ahora intendente Julio Zamora), de la Provincia de Buenos Aires y del Gobierno Nacional.

No es menor que el pequeño sector ofrecido corresponda a una parte del sector identificado por la empresa como “2° fracción”, lindero al lote 321-f, cuyo boleto de compra-venta (presentado en el expediente) está relacionado a una transferencia que se encuentra judicializada en el Fuero Comercial Federal desde el 2010.

“LOS ANCESTROS NOS SIGUEN DANDO FUERZA”

En la Plazoleta del Mástil de San Isidro, frente al Juzgado, al igual que en las audiencias del 8 de mayo y del 13 de septiembre, medio centenar de personas se reunieron para respaldar a la Comunidad Indígena Punta Querandí.

Antes de la audiencia, se realizó una ceremonia y a la salida, en un círculo, las abogadas de la comunidad, Andrea Burucua y Paula Alvarado, comentaron las novedades. Luego brindaron sus palabras de apoyo representantes de la Comisión de Derechos Humanos Padre Pancho Soares de Tigre, el Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE-CTEP) Escobar, Casa Puente de la Isla de Tigre, miembros de las Comunidades Sartañani y Runa Masis, el Grupo de Jóvenes Originarios, la Comunidad Guaraní El Tabacal de la provincia de Salta y la Juventud del Movimiento Evita de Tigre.

“Entendemos que la lucha por la soberanía territorial y cultural es importantísima”, señaló Lucas Basso del MTE Escobar, quien hizo hincapié en la necesidad de “generar un marco de unidad lo más amplio posible”.

Milagros Santillán del Movimiento Evita de Tigre expresó: “Para la Juventud es importante tener en cuenta la problemática de los negocios inmobiliarios sobre la soberanía de nuestros territorios”, y agregó: “Cada uno de nosotros tenemos que tomar la bandera de Punta Querandí como una reivindicación de suma importancia, porque tenemos que volver a nuestros orígenes para poder reconstruir nuestra historia de una manera diferente”.

Las mujeres de nuestra comunidad aportaron su mirada. Jésica Zalazar manifestó: “Les agradecemos a ustedes y a los ancestros que nos siguen dando fuerza para que podamos seguir, la fuerza espiritual es muy grande”, mientras que Rosiene Bissoni agregó:  “Nuestra lucha no es fácil, es de mucha constancia y trabajo”.

El artesano wichí Roberto Díaz, siempre presente en los momentos importantes, señaló que en luchas similares en otros puntos del país han asesinado líderes indígenas. “En Punta Querandí ojalá que nunca pase, este es un lugar sagrado para nosotros, yo vengo de la comunidad wichí y es muy interesante poder estar acompañándolos. Todos somos bandera de Punta Querandí”, expresó.

A su turno, Valentín Palma Callamullo del Pueblo Quechua y miembro de la comunidad, señaló: “Nuestra lucha va para largo y tenemos que apostar a recuperar la identidad para que nuestros jóvenes estén bien parados y que ningún delirante ridículo les diga extranjeros. San Isidro es territorio guaraní, no estamos de visitante acá”.

Jakeline Mariaca Antezana, hermana quechua-aymara, subrayó: “Mi familia completa está muy comprometida con esta lucha porque nos sentimos del territorio, mi hija partió y sus restos fueron despedidos en Punta Querandí, su placenta también fue enterrada allí en un árbol cuando nació”.

Por último, Rubén Ifrán, representante de la Comunidad Guaraní El Tabacal de la Provincia de Salta, transmitió un saludo de la Comunidad Guaraní Río Blanco Banda Sur de Orán y de los hermanos wichí que estuvieron acompañando en Buenos Aires en el mes de julio. “Javier Altamarino se comunicó y dejó un saludo muy especial. Dice el hermano que en un momento futuro vamos a estar todos agarrados de la mano en la misma lucha. Aguyjevete”.

Seguimos caminando, construyendo y compartiendo esa historia invisibilizada de una Buenos Aires llena de memoria y presente indígena. Aquí estamos lxs hijxs de lxs hijxs, lxs nietxs de lxs nietxs, unidos por las resistencias de nuestras hermanas y hermanos, luchando por el derecho fundamental a la vida en paz y en nuestros territorios.

¡NO al desalojo de Punta Querandí,
SÍ a la Propiedad Comunitaria Indígena!

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Esta entrada fue publicada el 30/12/2018 por en Otros.

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