Informe especial: ¿De quién es Punta Querandí?

El empresario Jorge O’Reilly dice que el sitio sagrado de los pueblos originarios ubicado en una ex parada ferroviaria en las afueras de Tigre es su «propiedad privada». Tal afirmación se basa en un boleto de compra-venta del 2007 que se encuentra en juicio. La transferencia tiene muchas irregularidades. Los reclamos fueron iniciados por un vecino y luego continuaron con organizaciones indígenas, ambientalistas y de derechos humanos. Acá, todo lo que tenés que saber sobre el «problema» de la propiedad de Punta Querandí.

Las dos parcelas linderas y los 128 metros de Punta Querandí, entregados «de yapa» a los negociados inmobiliarios.

Por Indymedia Pueblos Originarios

Durante mayo se realizaron dos mesas de diálogo con funcionarios de Nación, Provincia y Tigre, que arrojó como novedad que ningún organismo gubernamental cuestiona ya el valor de Punta Querandí. La cuestión pasa por cómo garantizar que estas tierras se desafecten el dominio privado. Ahora bien, ¿es realmente el sitio sagrado de los pueblos originarios una «propiedad privada»?

Lo primero que hay que aclarar es que Punta Querandí es parte de un conjunto de tierras ferroviarias del Ramal 56 del Ferrocarril Mitre, clausurado en 1967 por el dictador Juan Carlos Onganía (1966-1970). El abogado de EIDICO, Santiago Sánchez Sorondo, ante la insistente consulta de los funcionarios, reconoció que el actual propietario sigue siendo el Estado Nacional y que existe un boleto de compra sin escriturar, motivo por el cual la empresa le inició un juicio a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

De hecho, el Movimiento en Defensa de la Pacha con el patrociño del SERPAJ de Adolfo Pérez Esquivel y de la Fundación Eco Sur, presentó un Amicus Curae en septiembre de 2011 para aportar al Juzgado Civil y Comercial 11 de Capital Federal elementos por los cuales considera que las tierras fueron mal vendidas.

Ahora bien, ¿cómo llegaron estas tierras ferroviarias, con un sitio arqueológico en su interior, a ser transferidas para hacer dos barrios privados?

DE TERRAPLÉN VECINAL A CANAL PRIVADO

EIDICO, para apropiarse de tres kilómetros del viejo terraplén del tren (del KM1+690 al el KM4+378) utilizó a dos sociedades anónimas que habían sido propietarias de los dos grandes campos linderos a las tierras ferroviarias del lado del partido de Escobar, es decir entre la calle Brasil y la calle Dean Funes de Ingeniero Maschwitz.

La privatización de estas tierras ya era de por sí cuestionable por la utilidad pública del llamado «camino de las vías muertas»: único acceso vehícular para los vecinos del paraje Punta Canal entre el arroyo Garín y el Canal Villanueva, lo cual permitía una comunicación fluida con las localidades de Maschwitz y Benavídez.

Sin embargo, la transferencia del 2007 incluyó también 128 metros correspondientes a la ex parada intermedia KM4 Punta Canal, del lado del partido de Tigre, donde ni Chilespa ni Muquebari jamás fueron propietarias linderas. Es justamente en este sector donde se había detectado pocos años atrás el sitio arqueológico Punta Querandí, que comenzaba a ser reivindicado por organizaciones indígenas.

Además, esta pequeña fracción costera del arroyo Garín y el Canal Villanueva, es un recreo popular disfrutado desde hace décadas por familias de la zona norte que van a pescar y a disfrutar de la naturaleza. Los testimonios arqueológicos evidencian que ya era una zona de pesca mil años atrás.

Mapa del expediente de ONABE con agregados de Indymedia. Hasta la calle Brasil, que divide los partidos, es KM4+250. Pero el boleto de compra-venta incluyó los 128 metros de Punta Querandí hasta el arroyo Garín (del lado de Tigre), es decir, hasta el KM4+378.

El inmueble llegaba primero al km 4+180

Finalmente fue vendido hasta el km 4+378.

Sugestivamente, en los primeros trámites administrativos la venta no incluía la parte de Punta Querandí. Sin embargo, el 23 de abril de 2007, mediante  dos boletos de compra-venta se privatizaron las tierras entre  KM1+690 y el KM4+378, es decir, hasta el arroyo Garín, del lado de Tigre. En total, 107.520 metros cuadrados (unas 10 hectáreas, casi 3 kilómetros de largo por 40 metros de ancho), fueron transferidas por 1,9 millones de pesos argentinos, a una tasación de 17 pesos el metro cuadrado [Leer boleto de compra venta].

El boleto que incluyó Punta Querandí fue otorgado a Chilespa y quien firmó como representante de esta firma fue  Daniel Mauro Burman (un ex funcionario de María Julia Alzogaray, ver nombramiento aquí)

La venta de estos tres kilómetros de tierras fiscales desconoció el uso comunitario que hacían de ellas diversos sectores de la población desde hace décadas, ni siquiera importó que los pobladores quedaran aislados. En ningún lugar de los dos expedientes administrativos, ENABIEF 4021/98 y 3707/98, consta la utilidad y el valor de los inmuebles, es más, se los menciona como abandonados.

Ser propietario lindero era un requisito ineludible para lograr la adquisición de los terrenos fiscales. Por eso es clave resaltar que Chilespa y Muquebari, al firmar el boleto de compra-venta, no sólo no eran linderas a Punta Querandí, sino que también habían dejado de serlo de los campos del lado de Escobar. El motivo es que ya habían vendido estas dos fracciones a la empresa EIDICO, para desarrollar allí los countries San Benito y San Marco, del Complejo Villa Nueva.

La situación actual de estas tierras es la siguiente:

– San Marco tiene casas construidas arriba.

– San Benito desapareció su parte del terraplén para construir un canal privado, extendiendo el Canal Villanueva.

– Punta Querandí fue parcialmente destruído pero mantienen su uso comunitario a partir de la lucha del Movimiento en Defensa de la Pacha, que inició un acampe en resguardo de las tierras en febrero de 2010, hace casi tres años y medio.

Por su parte, Jorge O’Reilly a través de San Atanacio SRL afirma que Punta Querandí es de su propiedad, ya que alega habérsela adquirido a San Benito S.A. de la firma EIDICO. Vale aclarar que O’Reilly es dueño de las dos empresas y que desde la administración de este country es que se han ejecutado todos los ataques y denuncias contra el «acampe».

Una cláusula del boleto de compra venta, la novena, abre la posibilidad de que la empresa tenga que dejar sectores liberados. «Si por disposiciones locales la mensura debiera efectuarse dejando espacios reservados para calle, plaza u otro destino, la parte compradora no podrá extenderse sobre terrenos ferroviarios linderos, no teniendo derecho a disminución alguna del precio por ningún concepto» (…) Para el caso que por cuestiones ajenas a las partes la mensura se tornare imposible, y de ello deviniera la imposibilidad de transferir el inmueble, la parte compradora deberá reintegrar a la parte vendedora la posesión del inmueble».

El problema, según alegaron desde ADIF en el 2010, era que habían pedido informes a distintos organismos sobre la existencia de un reclamo indígena, sin recibir respuestas positivas. Distinta es la situación en la actualidad: Nación, Provincia y Tigre plantean abiertamente que están a favor de la preservación de Punta Querandí.

RECLAMOS Y PRESENTACIONES

Como el proceso de transferencia no tuvo difusión por ser una venta directa , los vecinos perjudicados sólo pudieron quejarse ante las autoridades con el hecho consumado. En el 2008, Carlos Arrambide, quien con la privatización perdía el acceso vehícular a su domicilio, inició diversas acciones legales y administrativas luego de conseguir una copia completa de los dos expedientes. El 9 de octubre de ese año, presentó a la ONABE (que estaba a punto de pasar su injerencia a una nueva área, ADIF) un recurso de reconsideración, denunciando la nulidad de la transferencia y solicitando su revocación y suspensión. «El objeto del acto que aprueba la venta no es ni lícito ni posible. La venta tal como fue aprobada y realizada según boleto de venta es nula en razón de estar prohibida por la ley», decía el escrito de su (ahora ex) abogado Luciano Chedrese.

Uno de los puntos cuestionados es que el comprador ya no era propietario del lote vecino, pero sin embargo siguió adelante con el trámite al omitir informar de esta circunstancia de manera «dolosa» (engañosa y fraudulentamente) a las autoridades nacionales esta circunstancia. «Los contratantes Chilespa S.A. y Desarrolladora de San Benito S.A. han ocultado con intención la venta de la parcela 329 A [el 10 de enero de 2006] con el objeto de generar una convicción en cabeza del ONABE distinta a la realidad. De haberse conocido que Chilespa S.A. no resultaba titular del inmueble lindero, mal podría haberse aprobado una venta directa de la tierra fiscal, el procedimiento debería haber sido el de remate público», agregaba.

El camino de las vías muertas en el 2008, desde Punta Querandí hacia Maschwitz. (Ignacio Smith)

Foto tomada desde el mismo lugar, pero en el 2009, cuando lo convertían en canal. (Ignacio Smith)

La cláusula décimo segunda de los dos boletos de compra venta daban 90 días hábiles para la escrituración, expirado ese plazo los predios debían volver al Estado. No sólo no sucedió eso, sino que Chilespa y Muquebari cedieron sus boletos de compra venta a los fidecoimisos que desarrollan los barrios San Benito y San Marco, violando la cláusula décimo cuarta: «La parte compradora no podrá transferir ni ceder, total o parcialmente los derechos derivados del presente boleto de compraventa sin previa y expresa conformidad por escrito del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE) en cuyo caso dicha cesión deberá ser instrumentada por escritura pública».

Folio 176 del expediente ENABIEF 3707/98

Uno de los principales accionistas del fidecoimiso del country San Marco, era Pablo Dameno un ex directivo de EIDICO que con la gestión de Sergio Massa estuvo a cargo de de la estratégica Subsecretaría de Planeamiento Urbano de Tigre. Ese y otros vínculos motivaron un artículo periodístico llamado «Doble comando en Tigre«.

A partir del 2009, Arrambide sumó a las objeciones administrativas a estas ventas la presencia de un sitio arqueológico que era reivindicado por organizaciones indígenas como un lugar sagrado, lo que comenzaba a tomar mayor trascendencia en esa fecha. Otros vecinos del paraje y miembros de pueblos originarios también hicieron presentaciones ante ADIF, desde el 2010. Además hubo diversos proyectos legislativos en el Concejo Deliberante de Tigre (II), la Cámara de Diputados Bonaerense y el Congreso de la Nación.

En junio de 2010, la venta del terraplén fue tomada en un informe de Proteste Ya del programa televisivo CQC. Allí, el gerente de ADIF Victor Colombano se había comprometido a recuperar el inmueble para los vecinos. “Si estamos en derecho de reclamar no te quepa duda de que vamos a reclamar”, afirmó en ese momento el funcionario, quien incumplió su compromiso.

El Movimiento en Defensa de la Pacha solicitó en septiembre de 2010 al organismo ferroviario anular la venta en el marco de una reparación a las naciones preexistentes de Buenos Aires. Una copia del pedido fue presentada al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Así mismo, el MDP elevó a las autoridades nacionales un petitorio con miles de firmas de vecinos, tanto de pobladores de la zona como de otros distritos que solicitaban la anulación de las transferencias. En esa misma época, una veintena de vecinos de Punta Canal, realizaron también una presentación a través del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El 4 de noviembre de 2010, una movilización de Punta Querandí al Gobierno de Sergio Massa exigió que las autoridades locales intervengan ante ADIF para resolver el conflicto. Una comisión especial se abrió en el Concejo Deliberante para recibir a todas las partes involucradas. En mayo de 2011, el oficialismo impulsó y aprobó por unanimidad un proyecto para tomar posesión municipal preventiva de Punta Querandí (que nunca se concretó) y pedir informes al INAI y al Consejo Provincial de Asuntos Indígenas sobre el valor del lugar. El Municipio no avanzó con el pedido a la ADIF.

Protesta en ADIF realizada en el 2011. (Foto: Angela Flores)

EXPERTOS EN ZAFAR DE CAUTELARES

Un vecino logró en la Justicia frenar durante un tiempo la destrucción del camino de la vía muerta, con un argumento contundente: perdía el acceso vehícular a su domicilio. La empresa logró hábilmente sortear este impedimento legal.

El 3 de junio de 2009, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial San Isidro a cargo de José A. Servín, dictó la medida cautelar. La solución fue alquilar un puente Bailey propiedad del Ejéctito Argentino, que se instaló sobre el arroyo Garín y que fue un acuerdo entre EIDICO y AYSA, que construye la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas a un kilómetro. El 18 de noviembre de 2009, la cautelar fue revocada por la Justicia al constatar que había otro acceso vehícular a las tierras, sin tomar en cuenta que esta situación era provisoria.

En septiembre de 2010, el camino de las vías muertas ya habían sido desaparecidas hace rato, y se venció el alquiler del puente. Hubo que hacer gestiones de urgencia (que llegaron hasta la propia ministra Nilda Garré) para mantener la estructura hasta fines de diciembre, cuando sí fue reemplazado por un puente vehícular colocado por el Municipio de Tigre. Sin embargo, nunca terminó de ser correctamente puesto por las autoridades, representando un peligro para los vecinos y visitantes. La Delegación puso un cartel de «Puente Peatonal».

En concreto, la empresa se salió con las suyas al haber destruído el único acceso vehícular seguro a las tierras ubicadas entre el Canal Villanueva y el Arroyo Garín.